Previa a esta reforma de la ley del aborto que entra en vigor en septiembre de 2015, las chicas entre 16 y 18 años que querían abortar, no necesitaban consentimiento paterno, aunque si tenían el deber informar de su decisión al menos a uno de sus progenitores. Si alegaban coacciones, situación de violencia familiar, o malos tratos, no necesitaban informar de su decisión. Estos hechos tenían que venir escritos bajo informe de los servicios sociales.
Con esta reforma con la que según la ley “el que las menores se encuentren acompañadas de sus representantes legales es fundamental para situaciones de vital importancia” no hace otra cosa que dejar en un estado de indefensión precisamente a esas menores que, por vivir situaciones familiares conflictivas, no pueden comunicar a sus padres que se encuentran embarazadas y que su decisión es abortar, obligándolas así a recurrir a abortos inseguros, o a convertirse en madres a una edad temprana y en un momento de sus vidas en el que no se sienten preparadas para esa responsabilidad.
