Oviedo / Madrid,
Elena FDEZ.-PELLO/ Agencias
Las tres clínicas asturianas acreditadas para interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación ya han suscrito con el Principado los convenios para practicarlos y disponen de la documentación que a partir del lunes, día en que entra en vigor la nueva ley, deben entregar a quienes quieran abortar.
La legislación exige que quienes recurran al aborto por razones socioeconómicas reciban información sobre las «políticas activas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad». Esa documentación, que ya está en manos de los responsables de las clínicas asturianas para que la examinen, ha sido elaborada por el Ministerio de Salud y por la Consejería asturiana.
La documentación, unas veinte páginas presentadas como «Información sobre la IVE (interrupción voluntaria del embarazo)», se entregará a las mujeres dentro de un sobre y detalla las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho y las ayudas, prestaciones y beneficios a su alcance.
Así, en el capítulo de las prestaciones de carácter familiar se consignan las asignaciones económicas por hijo, para familias numerosas, monoparentales y para madres discapacitadas. Se da cuenta de los beneficios laborales de los que disponen las embarazadas y las madres, como la reducción de jornada o el permiso de lactancia, y las excedencias previstas por la ley.
Se informa de las deducciones fiscales, de la reducción en el IVA de algunos servicios; de las ayudas en materia de empleo y las posibilidades de optar a programas de fomento del empleo los beneficios fiscales, y se incluyen un apartado de «protección frente a la discriminación», en la que se hace constar, entre otras cosas, que la nulidad del despido de una trabajadora, desde el inicio de su embarazo y hasta nueve meses después de la reincorporación a su puesto.
El Servicio de Salud Pública de Asturias (Sespa) ha completado esa documentación con los datos de las tres clínicas asturianas acreditadas para practicar abortos (Belladona, Buenavista y Sidona) e información sobre contracepción y centros de planificación y orientación sexual. Las mujeres contarán con tres días para estudiarlo y decidir, luego deberán firmar un documento que acreditará que han «reflexionado» durante el tiempo exigido.
Blanca Cañedo, miembro de ACAI (Asociación de centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo) y gerente de la clínica Belladona, indica que los centros asturianos están preparados para aplicar la ley el lunes, que no supondrá grandes cambios respecto a lo que se hacía hasta ahora. «Con esta ley nos vuelven a tratar de irreflexivas, como si una mujer no hubiera reflexionado ya bastante antes de ir a la clínica», comenta, y sobre las menores de 18 años observa que se trata de casos puntuales y en los que se intentará que acudan con un padre o un pariente. «De lo contrario, el médico asumiría otra vez una responsabilidad que no le corresponde», observa.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, declaraba ayer, sobre los tres días que el Tribunal Constitucional se ha tomado para decidir sobre la suspensión de la normativa solicitada por el PP, que «espera que la ley del aborto entre en vigor porque está dentro del marco constitucional y además ofrece más garantías para la mujer y seguridad jurídica para los profesionales».
