Se trata de un fármaco seguro, incluso, para adolescentes. Estas son algunas de las conclusiones de la Conferencia de Consenso sobre anticoncepción de urgencia de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), celebrada en noviembre de 2011 y presentadas por primera vez ayer en Madrid. «Los estudios de los que disponemos sobre provisión por adelantado o libre dispensación (de la píldora del día después) muestran que no hay un aumento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ETS)», señaló la presidenta de la SEC, la doctora Esther de la Viuda.

Manifestación feminista en Madrid, el pasado abril.-Fernando Sánchez
Justo antes de casarse, a Maribel Jiménez la pilló su suegra, escobón en mano, pegando carteles a favor de la Ley del Divorcio. “Ya te estás preparando, ¿eh?”, cuenta que le dijo. Eran los albores de la democracia. Entonces tenía apenas 20 años. Hoy tiene 55 y, tras una vida luchando por los derechos de las mujeres, siente que España ha retrocido al nacionalcatolicismo. “Nos están generando otra vez el miedo, me recuerda a los tiempos de la clandestinidad, me vuelvo a sentir perseguida y tengo la sensación, además, de que todo el esfuerzo que hemos hecho las mujeres para conseguir la igualdad se está esfumando”, resume esta feminista malagueña, militante en partidos de izquierdas, en primera línea de fuego desde los años 70.
Las políticas de igualdad emprendidas por los nuevos gobiernos del PP, capitaneadas por Castilla-La Mancha con los cierres de las casas de acogida para mujeres maltratadas y rematadas con la intención del ministro de Justicia de volver a los supuestos de la Ley del Aborto de 1985, han llevado a un grupo de organizaciones feministas de Málaga a crear un movimiento, denominado Marea Violeta, que pretende denunciar la “violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres”.
Movilización
En un manifiesto, suscrito hasta ahora por más de cien organizaciones –asociaciones locales y estatales de mujeres, sindicatos y varias secretarías de Igualdad de partidos como IU y PSOE– critican la reducción de los presupuestos destinados a estas políticas, la ruptura de acuerdos con las organizaciones de mujeres mediante los que se venían prestando servicios como los centros de orientación, asesoría jurídica o las casas de acogida para las víctimas de la violencia de género; o el desmantelamiento de los Institutos de la Mujer, “utilizando su estructura para promover estereotipos sexistas patriarcales y modelos de familia tradicionales”.
Como primera actividad visible, las organizaciones han convocado una concentración el próximo viernes, a la que ya se han adherido la mayoría de comunidades. Entre las ciudades confirmadas, además de Málaga, se encuentran Madrid, Sevilla, Barcelona, Ceuta, Valencia, Mérida o Pamplona. “Manifestamos nuestra repulsa y exigimos el cumplimiento de las leyes de igualdad en todas las comunidades del territorio español”, añade el manifiesto.
Los organizadores valoran positivamente las leyes aprobadas por el anterior Gobierno socialista, como la de Igualdad o la de Violencia de Género, pero advierten: “Todos estos derechos logrados no han sido un invento de un Gobierno, son conquistas de los movimientos feministas de todo el Estado y de los acuerdos conseguidos en el ámbito europeo y en las conferencias internaciones. No se pueden desactivar las políticas de igualdad, eliminar recursos y expulsar a muchas mujeres del sistema público de servicios”, lamenta Rosa Gómez, también miembro del grupo impulsor de la Marea Violeta.
“Lo último ha sido el retroceso en la Ley del Aborto, pero es que antes, con la ley todavía en vigor, comunidades como Valencia y Baleares dijeron que las mujeres tenían que pagar previamente la intervención. Esto es un trato desigual, una discriminación indirecta clarísima y un atentado a los derechos de las mujeres por parte de los poderes públicos, que son precisamente quienes deberían ser sus garantes”, denuncia.
Transparencia
Al grupo motor de la Marea Violeta, los recortes le cogieron trabajando. Desde hace años, vienen planteando iniciativas para avanzar en la igualdad y denunciando cualquier síntoma de retroceso. “Habrá Justicia social, cuando se incorporen las realidades, necesidades y alternativas del 52% de la población, las mujeres; y exista un nuevo contrato social basado en el reparto equitativo de los recursos, cuidados y poder”, añade Rosa.
Uno de los principales objetivos de este movimiento es hacer transparente la política de los gobiernos. “Parece que en el desánimo, todos son iguales y no es así. Tienen que dar cuenta de lo que hacen, no les puede salir gratis”, insiste Rosa. Maribel también reconoce que no ha habido tiempo suficiente para el cumplimiento real de las leyes aprobadas en las dos legislaturas pasadas: “No se puede cambiar la conciencia colectiva de un día para otro y ahora no podemos ceder, tenemos que seguir haciendo visible que no vamos a permitir pasos atrás en las políticas de igualdad. Por eso iremos a la concentración vestidas de negro con un lazo violeta, porque estamos de luto”, cuenta.
La Marea Violeta va creciendo cada día –amplificada en las redes sociales como Facebook o Twitter, @MareaVioleta– y lanza también un mensaje a navegantes (políticos): “Para cualquier cambio, hay que contar con las mujeres”.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) asegura que muchas de las propuestas realizadas por la Ministra de Sanidad, Ana Mato, “son generalidades”, ya que a veces se trata de materias sobre las que el Ministerio no tiene competencias.

Respecto a la libertad de elección de medico ,enfermero, pediatra y centro, la FADSP dice que “es claramente una cortina de humo para oscurecer con el debate los temas fundamentales de los que nada se ha dicho: la financiación de la sanidad, la contradicción entre las políticas de recortes y el derecho a una atención sanitaria de calidad, la política privatizadora y sus efectos en el encarecimiento de la Sanidad Pública, y la reforma del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacerlo eficaz”.

Asegura que la organización de la libre elección es un tema competencia de las CCAA, pero planteado en términos generales “es pura demagogia”, y ponen como ejemplo lo dicho por el propio el Presidente del Gobierno, que aseguró es “de sentido común” que 47 millones de españoles no pueden elegir el mismo médico, el mismo enfermero, el mismo pediatra y el mismo centro sanitario porque de suceder así sería imposible que les atendieran,

La FADSP considera que, en este punto, hay que establecer restricciones y regulaciones porque una ampliación de la libertad de elección sobre la que ya existe (desde la Ley General de Sanidad de 1986) “solo favorece la desintegración del sistema sanitario público y la pérdida de su capacidad de planificación y organización que es lo que le permite asegurar una atención sanitaria de calidad en todo el territorio del país”. Además “abre la puerta a la utilización progresiva del sector privado y a la privatización de la sanidad”.

Tampoco convence a la Federación la Ley de Servicios Básicos que se pretende aprobar “para supuestamente garantizar los servicios esenciales y la “equidad en el acceso”, cuando existe un RD que establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización (RD 1030/2006) que cumple estas funciones, salvo que lo que se pretenda es realizar un recorte de las prestaciones ya reconocidas”.

En cuanto al tema del aborto, la FADSP señala “el lastre ideológico del fundamentalismo católico que tiene el Gobierno”. A juicio de la Federación, “la actuación se debe de dirigir activamente a prevenir los embarazos indeseados mediante políticas activas de prevención e información sobre el uso de anticonceptivos, y una vez que se producen estos a facilitar la libre voluntad de las mujeres y en el caso que deseen abortar a facilitar el acceso de la prestación en el sistema público. Lo demás solo supone empeorar la situación y aumentar la morbilidad y la mortalidad”, concluye.

Jon O'Brian, presidente de Católicos por el Derecho a Decidir. / CARLOS ROSILLO

Las visiones de la entidad sobre estos temas han chocado a veces con la de las instituciones. Una de sus campañas, que trataba de promover el sexo seguro -bajo el lema los buenos católicos usan preservativo- con carteles publicitarios colocados en autobuses de la EMT durante la visita del Papa a Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2011, fue vetada. O’Brien, que se define como “catolico e irlandés”, sin embargo, insiste en el mensaje. Además, se muestra muy preocupado por los anuncios del cambio legislativo en España. “Las restricciones no terminan con los abortos; solo los hacen más injustos”.

Pregunta. ¿Cree que el aborto es un derecho?

Respuesta. Nosotros creemos en la libre elección de las personas. En el mismo centro de las enseñanzas y la moral católica está el respeto a seguir a la conciencia en las cuestiones de salud sexual y reproductiva.

P. El Gobierno cambiará la ley para volver a un sistema de supuestos.

R. Es una verdadera tragedia para España si se niega a los ciudadanos la libre elección. Supone un regreso a los momentos más negros de su historia. La ley actual confía en las mujeres y en las elecciones que toman cada día, los cambios propuestos tratan de juzgarlas ¿y quién tiene derecho a ello? Ese nuevo modelo, si se hace realidad, forzará a las mujeres a dar a luz; eso suena a un sistema no democrático más similar a la Rumanía de Ceaucescu, donde esa era la política.

P. Esa opinión difiere de la de la jerarquía católica.

R. En muchos países los católicos están en contra de las opiniones de la jerarquía eclesiástica sobre aborto o contracepción o sexualidad. Esa jerarquía, que traslada mensajes negativos y muchas veces insanos sobre el sexo y que nos presenta una visión sesgada del papel de la mujer en la sociedad, no representa a todos los católicos y es importantísimo que no fuercen su visión. Creemos que son los hombres y las mujeres quienes debemos tomar las decisiones morales respecto a nuestra propia vida. Y, en un país como España, donde además de ese factor existen otras creencias y diversidades, la lógica es que la ley apoye esa libertad de conciencia.

P. Los partidarios de la reforma dicen que protege al no nacido.

R. En términos médicos, morales, filosóficos o espirituales no sabemos cuándo el feto se convierte en persona; pero las mujeres son personas ya. Y debemos protegerlas. Las restricciones no funcionan más que como una fórmula de perpetuar las desigualdades entre ricos y pobres. Aquellos con posibilidades económicas siempre podrán encontrar un camino, los más pobres se arriesgan a abortos clandestinos e inseguros. No hay justicia social en eso.

P. Restringir entonces no siempre es proteger.

R. Puede incluso desarrollar un turismo del aborto, pero lo que deberíamos cuestionarnos también es qué lleva al Gobierno a tomar esas medidas que niegan el derecho de las mujeres a decidir. Estas políticas anteponen sus creencias personales convirtiéndolas en leyes sin permitir que el pueblo haga lo mejor, conforme le dicte su conciencia.

Este ensayo presenta y explica la formación del pensamiento moral de Hegel desde sus años de juventud hasta su consolidación berlinesa. Muestra cómo sus posturas sobre temas morales fueron decisivas para su ontología y su filosofía política. Delinea el trasfondo histórico-teórico de la oposición Hegel-Kant, Romanticismo-Ilustración.
Amelia Valcárcel
Catedrática de Filosofía Moral y Política

LEER AQUI

En un comunicado, Rodríguez sostiene que la modificación de esta norma sitúa a la mujer en una posición de “mayor vulnerabilidad”, y denuncia que en “menos de tres meses de gobierno del PP estamos asistiendo al desmantelamiento de todos los derechos que creíamos consolidados”.

La dirigente de la federación de izquierdas ha recordado que IU ya enmendó la reforma que impulsó el PSOE sobre la ley del aborto porque seguía tipificado en el Código Penal y los plazos eran “insuficientes”.

Además, ha señalado que “el ataque a los derechos de la mujer no solo se percibe en el anuncio de esta reforma, sino también en el desmantelamiento de los centros de acogida para mujeres y el cierre del Instituto de la Mujer en distintas comunidades, entre otros”. EFE

El doctor Antonio Murcia Mazón, jefe del servicio de traumatología.

El pasado mes de julio entraba en vigor en España el real decreto ministerial que, por primera vez, establecía la obligatoriedad de garantizar que ningún paciente esperará más de seis meses para ser intervenido de una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla. El mismo criterio se establecía para otros tres procesos: las cirugías cardiacas valvulares, la cirugía cardiaca coronaria y las cataratas. Y todo ello, por considerarlas patologías graves, en las cuales las demoras de atención pueden resultar letales o disminuir de forma importante la calidad de vida. También se tenía en cuenta con esa norma de obligado cumplimiento la eficacia de la intervención y su oportunidad, ya que la realización temprana evita la progresión de la enfermedad y secuelas que pueden suponer discapacidad y altos costes asociados.

En Cabueñes, esa orden ministerial derivó en un plan de eliminación de lista de espera (PELE), elaborado entre el servicio de anestesiología y el de traumatología -para atender los procesos concretos de prótesis- que culminó en diciembre con algo más de 400 operaciones resueltas en poco más de 18 semanas (desde finales de agosto).

Hoy en día la lista de espera en ambos procesos está totalmente depurada y «ha quedado muy manejable para este año», tal como asegura el jefe del servicio, Antonio Murcia Mazón. El Hospital de Cabueñes llevaba años sin que las operaciones de prótesis de cadera y rodilla se desviaran más de seis meses en la demora, pero para ello se venía contando con la colaboración del hospital de Cruz Roja, que al cabo del año sacaba adelante varios cientos de estas operaciones.

Desacuerdos entre el Sespa y la gerencia de Cruz Roja han obligado al servicio de traumatología a asumir todas las artroplastias de cadera y rodilla (las prótesis), lo que incrementó el esfuerzo que tuvo que hacerse en los pasados meses en Cabueñes y obligó a que el plan especial contra las demoras se ejecutara «de una forma pactada, disponiendo de quirófanos todas las tardes, incluidas las de los viernes, y extendiendo el trabajo también a los sábados por la mañana, que siempre se habían respetado», reconoce el jefe del servicio. Todo computado como horas extraordinarias del personal.

El doctor Murcia se muestra muy satisfecho de cómo se desarrolló el plan especial de trabajo, «algo que ha sido reconocido tanto pública como privadamente por la dirección del hospital, teniendo en cuenta que ese reconocimiento del esfuerzo es extensible a todos los trabajadores del centro, sanitarios y no sanitarios, porque nos implicó a todos», sostiene Antonio Murcia. En los momentos de mayor presión «llegamos a tener 100 pacientes de traumatología ingresados a la vez en el hospital, prácticamente distribuidos por todas las plantas, menos en las de ginecología y pediatría», recuerda el responsable.

Repasando la situación del servicio de traumatología, el doctor Murcia estima que en la actualidad «los enfermos que se van a operar esta semana de un implante de cadera o rodilla han ingresado, seguro, después del verano». Ahora el jefe del servicio sabe que les tocará centrarse en intervenciones como las de columna, que «debido a que teníamos que cumplir con el real decreto, han quedado algo retrasadas». Se refiere a una bolsa de algo más de una veintena de pacientes «que, como mucho, antes de la primera semana de febrero» habrán sido intervenidos.

Marcos Ana, preso de conciencia en el franquismo. Foto de Sofía Moro.

Hola JUAN

“Mucha gente dice que hay que pasar página, y yo digo, sí, pero después de haberla leído. No es posible que después de 40 años de dictadura arranquemos esa página de la historia para que se la lleve el viento del olvido.”

El poeta Marcos Ana (en la foto) pasó 23 años en las cárceles franquistas, donde fue torturado y condenado a muerte dos veces. Fue uno de los primeros presos de conciencia de Amnistía Internacional.

Esta semana, el juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo de los acusados por no haber aplicado la Ley de Amnistía de 1977 y por haber iniciado una investigación sobre violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo, entre otros cargos. Crímenes como la desaparición forzada de más de 100.000 personas, torturas y miles de ejecuciones sin juicio de hombres y mujeres cuyos restos aún están en cunetas de toda España.

Investigar violaciones de derechos humanos nunca puede ser un delito. Es más: las leyes internacionales dicen que es una obligación para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.

Por eso, desde Amnistía Internacional consideramos escandaloso que un magistrado sea juzgado precisamente por tratar de revelar la verdad sobre los crímenes del franquismo.

JUAN, suma tu voz a la nuestra y exige verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y sus familiares:

– si estás en Twitter, grita con nosotros que #investigarnoesdelito (y búscanos en @amnistiaespana);

– si estás en Facebook, te animamos a que dejes tus comentarios en nuestro muro y compartas en tu perfil esta información;

– por favor, reenvía esta información a todos tus contactos.

Como todos los crímenes internacionales, en cualquier lugar del mundo, los crímenes del franquismo no prescriben. Como tampoco pasa el inmenso dolor de las familias, que persisten en la búsqueda de verdad y justicia para sus seres queridos.

Contra la impunidad, necesitamos que sigas apoyándonos y te unas a nosotros. Amnistía Internacional no solicita subvenciones a ningún gobierno nacional para proteger su independencia, y por eso tu ayuda es tan necesaria. Cualquier contribución, por pequeña que sea, nos permite seguir dando voz a las víctimas ante cualquier gobierno.

Gracias por apoyarnos en la defensa de los derechos humanos.

Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional España

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la Asociación Preminencia del Derecho, que preside el letrado José Luis Mazón, contra el auto que rechazó su querella contra el presidente Ramón Luis Valcárcel, por haber asegurado éste que suspendería «la puesta en vigor de la Ley del Aborto en la Comunidad hasta que el Constitucional resolviera el recurso interpuesto por el PP» y que luego matizó. El TSJ destaca la «patente falta de indicios de actividad delictiva».

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) –
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha asegurado que la decisión del Gobierno balear de pedir a las mujeres que deseen abortar que acudan a una de las tres clínicas privadas acreditadas para ello, que abonen el coste de la intervención y la estancia y que presenten después la factura en los servicios autonómicos para su abono es “una forma subliminal de cargarse la Ley del Aborto”.

A preguntas de los medios de comunicación este jueves en Sevilla, donde ha inaugurado un parque de gimnasia y ejercicios saludables para personas mayores, la consejera andaluza ha considerado que esta medida responde a que el PP no quiere “abordar con valentía” la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“Si no están de acuerdo que la reformen o que la deroguen y que se retraten directamente; pero lo que no pueden hacer es, de forma subliminal, cargársela”, ha aseverado Navarro tras pedir a los dirigentes ‘populares’ del país que “den la cara”, algo que, en su opinión, no hacen. “Ese es el problema que tiene la derecha, que no da la cara”, añadió.

Según publica este jueves el diario ‘El País’, el Gobierno balear del PP anuló el pasado 1 de enero, “aduciendo razones económicas, el concierto existente para sufragar esa atención en la red sanitaria privada”, de manera que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo “deberán contratar con las clínicas particulares y asegurar el pago de la intervención” antes de que esta se realice.

Para Navarro, esta medida demuestra que “las campañas electorales y los discursos lo aguantan todo pero que cuando realmente se ve la voluntad política de un Gobierno es cuando empieza a tomar decisiones”. Por ello, insiste en que “las prioridades” del PP “no son desde luego las de garantizar y proteger los derechos de las personas, sino las de intentar ayudar como siempre a los que más tienen, que son los que pueden valerse por sí mismos”.